En España, miles de mujeres conviven cada día con una realidad que muchas veces permanece invisible: la violencia de género. No siempre hay golpes ni lesiones que puedan documentarse en un parte médico. En ocasiones, la violencia se esconde en frases hirientes, en la humillación constante, en el control económico del hogar o en el aislamiento progresivo de familiares y amistades. La violencia no siempre deja marcas en la piel, pero siempre deja cicatrices en la vida.
Como mujer y como abogada, he escuchado testimonios que estremecen. Muchas mujeres llegan a mi despacho con la voz entrecortada, dudando incluso de sí mismas y preguntándose si lo que sufren “es realmente violencia”. La respuesta es clara: sí lo es. La violencia puede ser física, psicológica o económica. Y todas ellas son devastadoras. El control absoluto del dinero, la privación de recursos básicos, el impago deliberado de pensiones o la manipulación emocional ejercida durante años son formas de violencia que no siempre se denuncian, pero que destruyen con la misma fuerza que una agresión física.
España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en Europa en la materia. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género permite la adopción de órdenes de alejamiento inmediatas, la suspensión del régimen de visitas, la atribución de la vivienda familiar y la asistencia jurídica gratuita especializada, incluso antes de que exista una sentencia. Medidas contundentes que buscan garantizar la seguridad y la dignidad de las víctimas.
Sin embargo, esta misma fortaleza del sistema también ha generado un debate incómodo: la existencia de denuncias instrumentales en procesos de divorcio o custodia, presentadas con el único objetivo de obtener ventajas judiciales. Se trata de un fenómeno minoritario, pero real, que provoca una doble injusticia: hombres inocentes sometidos a medidas cautelares inmediatas que alteran sus vidas, y mujeres víctimas verdaderas que encuentran más trabas para ser creídas. Reconocer esta realidad no significa restar importancia al drama de la violencia de género, sino exigir un sistema equilibrado que proteja de forma efectiva a quienes realmente lo necesitan y garantice al mismo tiempo la presunción de inocencia.
Cada caso es distinto y requiere una mirada atenta y sensible. Como abogada, pero también como persona, mi papel va mucho más allá de redactar escritos o citar leyes. Acompañar a una víctima o a un investigado implica escuchar sin juicios, dar un espacio seguro donde contar lo que duele, explicar con claridad cada paso del proceso y actuar con rapidez para conseguir la protección legal necesaria. Significa también trabajar de la mano de psicólogos, trabajadores sociales y profesionales especializados, porque salir de la violencia —ya sea para denunciarla o para defenderse de una acusación injusta— es un proceso integral que va más allá de lo jurídico.
La violencia de género no es solo un asunto legal, es una herida personal y social. Por eso quiero dirigirme directamente a todas aquellas personas que puedan sentirse reflejadas en estas líneas. Si vives con miedo, si sientes que cada decisión de tu vida está controlada por otra persona, si dependes económicamente y temes las consecuencias de dar un paso adelante, no ignores esa voz interior que te dice que algo no está bien. Y si atraviesas un proceso en el que sientes que se te acusa injustamente, recuerda que también tienes derecho a defensa y a recuperar tu dignidad.
Si te reconoces en estas líneas, no lo enfrentes en silencio. Tanto si sufres violencia en cualquiera de sus formas como si te ves inmerso en un proceso que consideras injusto, recuerda que no estás solo ni sola. Como abogada, mi compromiso es escucharte sin juicios, acompañarte con empatía y ofrecerte la mejor estrategia legal para proteger tu vida, tu libertad y tu dignidad.